En México, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes representan una emergencia social persistente. Los registros oficiales y de organizaciones de derechos humanos muestran no solo un crecimiento alarmante en los reportes, sino también una falta de resolución, lo que agrava el dolor de miles de familias que aún buscan una respuesta.
Al 5 de septiembre de 2025, del total de menores desaparecidos o no localizados reportados históricamente, más de 18,275 seguían sin ser encontrados por las autoridades.
Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, se reportaron 6,993 adolescentes y jóvenes desaparecidos en el rango de 10 a 30 años.
En lo que va de 2025, sólo entre jóvenes de 15 a 19 años, hay un aumento del 75 % en casos activos de desapariciones respecto al mismo período de 2024.
Los estados donde más desaparecen adolescentes, niñas y niños, de acuerdo con los últimos informes:
- Estado de México
- Jalisco
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Veracruz
Algunos estados muestran un crecimiento proporcional aún mayor aunque partan de cifras menores: Yucatán, Querétaro, Puebla, Tabasco.
Las desapariciones no solo dejan una ausencia física, sino profundas heridas emocionales:
- Trauma familiar: madres, padres, hermanos, comunidades enteras viven con la incertidumbre, la angustia del no saber, la esperanza, el dolor. Este impacto se agrava si las autoridades no proporcionan información clara, acciones efectivas, o si existe impunidad.
- Miedo e inseguridad como ambiente cotidiano: adolescentes viven con el temor de ser víctimas, pero también con la presión de protegerse, de autocensurarse, de no confiar. A esto se suma la sensación de abandono ante la lentitud institucional.
- Estigma y revictimización: muchas veces las víctimas jóvenes, y sus familias, enfrentan estigmatización (“¿qué hacía tan tarde?”, “con quién andaba”, etc.), lo que añade vergüenza, culpa, silencio al dolor.
- Desconfianza en las autoridades: al ver fallas repetidas, investigadores o fiscales que no actúan, falta de seguimiento, los afectados comienzan a sentirse solos, desconfiados, lo que dificulta que busquen ayuda formal o denuncien.
- Impacto psicológico en los adolescentes sobrevivientes o afectados indirectamente: ansiedad, depresión, trastorno por estrés post-traumático, insomnio, pérdida del sentido de seguridad, temor permanente, pueden ser consecuencias persistentes.
La desaparición de adolescentes es un fenómeno que exige una respuesta urgente y múltiple:
- Políticas de prevención integrales: más allá de la reacción, se necesitan espacios seguros, acceso a educación, salud mental, actividades comunitarias, empleo juvenil.
- Mejora en los mecanismos de búsqueda: protocolos más eficientes, capacitación especializada, recurso, coordinación entre municipios, estados y federación.
- Justicia y rendición de cuentas: sancionar a quienes cometen desapariciones, así como a quienes omiten sus responsabilidades.
- Atención a las víctimas: acompañamiento psicológico, legal, reparación del daño, garantías de no repetición.
- Conciencia social: lo que no se ve o se ignora tiende a ser minimizado. Visibilizar las historias, apoyar los colectivos de búsqueda, exigir transparencia ayuda a reducir el silencio que alimenta la impunidad.
La pregunta es: Como sociedad qué podemos hacer para prevenir y cómo exigir a las autoridades que se garantice la seguridad y los espacios seguros para nuestros jóvenes.